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24 junio, 2021

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Auditoría del Contralor revela que Ciencias Forenses no ayuda a resolver casos criminales.

El Laboratorio de Criminalística del Negociado de Ciencias Forense lleva 36 años sin examinar 76,128 casos de crímenes reportados en la Isla, según reveló este jueves un informe de la Oficina del Contralor.

Además, se señaló que “los auditores de la Contraloría hallaron que la sección de Armas de Fuego tenía 41,918 casos de armas de fuego y proyectiles sin analizar; el laboratorio forense de ADN/Serología tenía 2,156 casos, de los cuales 2,245 eran por agresión sexual sin analizar, y la sección de sustancias controladas tenía 16,243 casos sin analizar, entre otros. Esta situación contraria a la Ley 20-2017, del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, ha privado a las agencias de ley y orden, del resultado de los exámenes de ciencias forenses y criminología, en las investigaciones, esclarecimientos y radicación de casos criminales”.

Este es uno de los tantos problemas que tiene el Negociado de Ciencias Forenses y que salieron a la luz en la auditoría cualificada del Contralor. Esto quiero decir que “se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados”.

En general, el Contralor hizo 10 señalamientos contra el Negociado de Ciencias Forenses.

Se destaca que la agencia, que ya se separó del Departamento de Seguridad Pública, “tenía 2,156 casos pendientes de determinar la causa, manera y circunstancias de la muerte. Además, el Laboratorio de Toxicología, tenía 1,848 muestras de tejidos y fluidos biológicos pendientes de analizar, según el Informe de casos pendientes de toxicología al 15 de octubre de 2018. Esta situación puede propiciar que, en los casos de personas sospechosas de un delito, no se puedan procesar criminalmente por falta de evidencia”.

Mientras, se informó que desde diciembre de 2013 no habían analizado 13,382 muestras de ADN.

“Esta situación propicia que el Banco de Datos no esté actualizado y priva a las entidades federales y estatales, de información actualizada que pueda ayudar al esclarecimiento de un crimen”, se indicó.

Entre otras cosas, la auditoría señala que el Negociado no rindió informes anuales a la Legislatura ni al Gobernador sobre su estado entre el 2015 al 2018 y que padecen de problemas por la falta de gestiones de cobro, deficiencias con las cuentas por cobrar y funciones conflictivas por el encargado de cobrar.

“Al 14 de mayo de 2018, quedaban 762 cuentas por $542,501 pendientes de cobro, pero el oficinista 1, no realizaba las gestiones correspondientes. De hecho, del 2016 al 2017, un oficinista 1, realizó las funciones conflictivas de recaudación auxiliar, preintervención, preparación de facturas y registro al cobro. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DB-08-22 del 15 de mayo de 2008”, informó el Contralor.

Sobre las recaudaciones, se identificaron también “múltiples fallas”. La auditoría habla de la ausencia de un inventario físico de los libros de recibos oficiales en blanco, el que estos libros no sean custodiados por un funcionario ajeno a la función de recaudación, y el que una oficinista 1, no complete el formulario que indica el Reglamento de Recaudaciones. Además, el último informe físico anual que se realizó, data del 2008, y una certificación de disposición de emergencia de 573 unidades de propiedad afectadas por un derrame de diésel, no contaba con las firmas autorizadas.

Del mismo modo, se señalaron fallas de control se registraron en el uso de los vehículos de motor, en los cuales no se realizó el cuadre de millaje versus consumo de combustible, así como no se estableció un itinerario para el mantenimiento mensual de los vehículos.

Finalmente, la auditoría reveló que los documentos para decomisar pertenencias, como lo son dinero, relojes, pantallas, celulares o carteras, de los cadáveres reclamados, carecían de información que identificaran a la persona. Por ejemplo, no se le puso el nombre del fallecido, fecha de recibo o el valor de las pertenencias.