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7 marzo, 2021

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Etchevehere-Grabois: y el miedo del campo a un país sin reglas

La toma en Entre Ríos puso en juego la propiedad privada, el rol del Estado y el modo de producir.

El cerco policial que impide el ingreso de los dueños del campo en «Casa Nueva», en el noreste de Entre Ríos, preocupa a productores agropecuarios de todo el país.

El conflicto de la familia Etchevehere por un campo en Entre Ríos caló hondo entre los productores agropecuarios y tiene un alto impacto político-económico, porque pone en juego cuestiones fundamentales de la organización social y sus reglas, que van más allá de una porción de tierra.

Así como sucedió en el caso Vicentin, quienes se involucran preocupados por esta nueva disputa particular no ponen exclusivamente el foco en la razón de una de las partes, sino también en las determinantes injerencias de los poderes Ejecutivo y Judicial. El accionar del Estado es, en definitiva, lo que también se discute.

“La presencia y participación de funcionarios públicos en la toma no puede ser leída de otra manera que como un aval del Gobierno Nacional. Es un avasallamiento liso y llano de la Constitución que no hace otra cosa que contribuir al estado de caos y división interna”, destacó el senador nacional fueguino Pablo Daniel Blanco, que presentó un pedido de informes al respecto, acompañado por un grupo de sus pares. Los legisladores creen que “resulta imperioso conocer el carácter de la acción de los funcionarios involucrados en las tomas y dar a conocer la posición del Gobierno Nacional en relación con la protección de la propiedad privada y del estado de derecho”.

La fundamentación del fallo

Primero, el juez subrogante de Garantías, Raúl Flores, rechazó el pedido de desalojo de Dolores Etchevehere del establecimiento ”Casa nueva”, pedido por su madre y sus hermanos, a pesar de que estos presentaron pruebas de que tal propiedad pertenece a Las Margaritas SA -según consta en el Registro Público de Propiedad de la Paz- y que Dolores no integra esa sociedad desde 2018.

Y luego, Flores notificó a Leonor Marcial Barbero de Etchevehere -madre de Dolores- y sus tres hijos varones: Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego, que por 30 días tienen “prohibido” diversas acciones que van desde el acercamiento a “Casa Nueva” hasta la “realización de actos violentos, molestos y/o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar y social, y allegados, por sí o por interpósita persona y por cualquier medio radial, televisivo y/o redes sociales”.

Los destinatarios de la orden son quienes habían solicitado el desalojo. Pero quienes se sintieron afectados, aunque sea indirectamente, fueron muchas más personas, como se expresaron algunas de ellas, el viernes a la noche, frente a la Fiscalía de La Paz, y convocan a más marchas de protesta en todo el país, este domingo a las 17 hs.

El magistrado basó su primera decisión en que «hasta que culmine el jucio sucesorio» y finalice el inventario de la herencia familiar, «por todos los bienes existentes los hermanos son condóminos y dueños por igual». Ese es el punto crucial, porque aun si la hermana mujer de los Etchevehere pudiera comprobar que –por eventuales nulidades de sus actos de cesión- mantiene derechos legales sobre los bienes de la herencia, en cualquier caso sería sobre un porcentaje, por lo cual no tendría derecho a disponer de un establecimiento e impedir el acceso de los demás propietarios.

El resurgir de la grieta

Ahí vuelve a aparecer la grieta ideológica, un triste fenómeno que no es otra cosa que el enfrentamiento sordo entre maneras de pensar diferentes, que se manifiestan imponiendo condiciones a los demás, avasallando al otro.

En el caso de los actores agroindustriales que por estos días se manifestaron en resguardo de derechos regidos por la Constitución, desde las atribuciones sobre la propiedad privada hasta los modos de producir, tuvieron la prudencia de no poner el acento en una situación particular.

Alfredo de Angeli, el gran vocero del campo en el histórico conflicto por las retenciones móviles, hoy senador nacional entrerriano, destacó que la preocupación de los chacareros es “porque tienen miedo que después vayan por otros campos”.

Las declaraciones del dirigente oficialista Juan Grabois a favor de una “reforma agraria” y el impulso a “modelos agroecológicos en vez del modelo contaminador actual” puso en guardia a los productores agropecuarios que ya se sienten particularmente afectados por el impuesto como las retenciones y ahora también sienten amenazas sobre la propiedad y los modos de producir.

Este viernes, la Mesa de Enlace emitió un comunicado que si bien se refirió explícitamente a los proyectos de ley sobre incendios, humedades y usos de agroquímicos, el mensaje funciona perfectamente como un contra argumento a Grabois. “A través de la puesta en marcha de las Buenas Prácticas Agropecuarias, cada vez más extendidas a todo el país, todos coincidimos en la importancia de cuidar el ambiente y los recursos naturales», dijeron en conjunto Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coniangro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Soceidad Rural Argentina (SRA)

Y remarcaron: “En el difícil momento que vive la economía argentina, en el que se requiere más producción, más exportaciones y más trabajo debemos acertar en el diagnóstico correcto de los problemas y propiciar iniciativas que los solucionen efectivamente, lejos de miradas ideológicas, que solo sirven para alimentar el relato y la grieta”.

Al respecto, la participación de funcionarios del Gobierno nacional a favor de una de las partes en pugna en Entre Ríos, contribuyó a potenciar el clima de sospecha. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, aseguró que “cualquier violación de la propiedad privada es considerado un delito y que se trata de un conflicto familiar”. Pero su crítica a su antecesor por “transformar un problema privado en un tema político no despejó las sospechas de injerencias inadecuadas por parte del Estado.

En ese sentido, las cuatro cadenas de los cultivos principales del país (soja, maíz, trigo y girasol) repudiaron los “episodios de usurpación ilegal de tierras que vienen sucediendo en distintas regiones del país, y manifestaron preocupación por “la pasividad del Estado ante estas graves violaciones de la ley. El artículo 17 de la Constitución Nacional expresa claramente que la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.

Y concluyeron: «La Argentina requiere sinergia entre los actores del sector privado y de un Estado que actúe como motor y garante ante las iniciativas privadas. La falta de respeto por los más elementales derechos constitucionales como es el de la propiedad privada va claramente en contra de los procesos de desarrollo e inversión, limitando las capacidades productivas, con la consecuente caída del empleo y el agravamiento de la situación social. La toma de tierras es un delito y la Justicia debe intervenir firmemente para hacer cumplir la ley»