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22 junio, 2021

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Grupo anticorrupción promete ir contra los servidores públicos que faltan a confianza del pueblo.

El gobernador Pedro Pierluisi participó hoy de una reunión con el grupo anticorrupción creado el cuatrienio pasado y por disposición de ley, a fin de lograr una alianza entre dependencias para luchar contra esta problemática gubernamental que a nivel penal se ve reflejado en casos de alta jerarquía como alcaldes y legisladores.

“El problema de la corrupción se ha convertido en un mal social. Es una falta de valores. Es tan sencillo que si uno tiene un cargo público lo primero que uno debe realizar es que ese cargo no es de uno y uno está ahí como fiduciario del pueblo. Uno le responde al pueblo, los fondos públicos son del pueblo. Si uno aprendió en su hogar que uno no se apropia de lo que no es de uno, ni le quita dinero a los demás, realmente, pues eso mismo aplica con más razón en el gobierno”, dijo Pierluisi.

El grupo anticorrupción está compuesto por el director de la OEG, Luis A. Pérez, quien preside el organismo, así como por el Contralora de Puerto Rico (Yesmín Valdivieso), la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Nydia Cotto Vives) , el secretario del Departamento de Justicia (Domingo Emanuelli), el Departamento de Hacienda (Francisco Parés), la Inspectora General (Ivelisse Torres Rivera) y el Comisionado del Negociado de la Policía (Antonio López Figueroa). En el cónclave estuvieron invitados por virtud de la ley el gobernador; el agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Rafael Riviere; y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres.

Entre los propósitos de este comité está mejorar la habilidad del gobierno para recibir información sobre posibles actos de corrupción y fortalecer los procesos para evitar la impunidad.

Curiosamente, este organismo fue impulsado por un gobernador (Ricardo Rosselló) que tuvo que renunciar, junto a gran parte de su gabinete, en medio de escándalos de corrupción.

El pasado año, este comité se reunió en tres ocasiones. La última fue en septiembre.

Recientemente, Primera Hora publicó los hallazgos del informe Radiografía de la Corrupción III, un documento que la OEG elabora a fin de conocer las características generales del servidor público que incurre en actos contrarios a la normativa de la agencia, destacándose aquellos constitutivos de corrupción.

Según el estudio, la mayoría de los actos de corrupción gubernamental son cometidos por hombres que ocupan diversos puestos en el gobierno- muchos de éstos en áreas de supervisión de mediana jerarquía-, apenas llevan entre meses o cinco años trabajando en alguna agencia o corporación pública y fueron investigados por haber utilizado sus facultades y deberes para beneficiarse de fondos públicos correspondientes a sus funciones o para provecho de parientes.

Los servidores públicos que más han violado el Código de Ética pertenecen al Departamento de Educación, al Departamento de Hacienda, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, entre otras.

A nivel del FEI, según dijo Cotto Vives, la mayoría de los actos de corrupción a nivel penal lo cometen “alcaldes, exalcaldes, legisladores y exlegisladores”.

A raíz de estos escenarios de corrupción fue que se creó en 2018 la Ley 2 que consolida las disposiciones de distintas leyes en un solo estatuto.

En aquella ocasión, la exposición de motivos de esa ley destacaba “la alta corrupción” en la Isla a nivel gubernamental.

“Puerto Rico tiene una tasa considerablemente alta de corrupción, usualmente relacionada al mal uso de fondos públicos. La modalidad de corrupción más frecuente en el País es la que se da a través de sobornos entre una empresa privada y un funcionario público. La mayoría de los casos que han llegado a los tribunales y ciertamente los más notables, se relacionan con la otorgación de contratos. Sin embargo, la corrupción no se limita al proceso de contratación de servicios, por lo que probablemente otros actos corruptos pasan desapercibidos”, lee el documento fechado en 2018.