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15 abril, 2021

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Libres 316 confinados cuya detención preventiva venció en la cuarentena

Retraso sin precedentes en los casos judiciales provoca excarcelación de imputados mientras se recalendarizan los casos que son casi cinco veces más que los registrados en mismo periodo de 2019.

Esta es la primera entrega de una serie que analiza la otorgación del recurso de habeas corpus durante la pandemia y sus repercusiones.

La limitación de servicios que ofrecen los tribunales durante la pandemia del COVID-19 –procedimientos que en algunas instancias se paralizaron hasta por cuatro meses– ha provocado un retraso sin precedentes en el organismo judicial, incluyendo que en los primeros seis meses de la cuarentena impuesta por el gobierno se haya tenido que liberar mediante el recurso de habeas corpus a 316 confinados sumariados a los que se les expiró el plazo de detención preventiva en espera de juicio.

Esta cifra histórica -que comprende del 16 de marzo hasta el 15 de septiembre- es casi cinco veces más o un 470% por encima de todas las excarcelaciones de este tipo que se dieron en el mismo periodo en el 2019, las cuales suman 66.

Incluso, son 217 casos más que todos los recursos que se concedieron en total el año pasado, cuando se consideraron “ha lugar” 96 peticiones. Todos los imputados por distintos delitos -quienes se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal- gozan de una libertad provisional mientras se reanudan sus juicios, los cuales han sido retrasados ante la crisis suscitada por el coronavirus.

Así lo reveló un análisis de Primera Hora a través de datos solicitados a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) durante los pasados meses. La dinámica de liberación en este periodo de emergencia comenzó a registrarse tan pronto como el 18 de marzo, al tercer día del toque de queda y cierre de operaciones económicas, sociales y gubernamentales que, por directriz de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, se ha ido extendiendo con algunas flexibilizaciones.  Ya para finales de mayo se habían concedido otras 73 peticiones por habeas corpus, un derecho constitucional que tiene toda persona imputada de delito a quien se le debe garantizar no estar detenido preventivamente por un término mayor de seis meses (180 días) sin que se celebre un juicio en su contra. Esta protección constitucional a los acusados inicia desde que se encarcela a la persona procesada por no prestar fianza y está al amparo del Artículo II, sección 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado, la cual establece que “la detención preventiva antes del juicio no excederá seis meses”. Según la Regla 119 de Procedimiento Criminal el juicio comienza con el juramento preliminar del Jurado o, en los casos que se celebran por tribunal de derecho, cuando el primer testigo presta juramento.

Entre los 316 casos de habeas corpus otorgados entre marzo y septiembre en las 13 regiones judiciales, las seis que más casos de excarcelación “ha lugar” han concedido son: Mayagüez (44), Ponce (41), Arecibo (37), Caguas (30) y Humacao (29) y Aguadilla (27). Esta última no otorgó ninguno en el 2019. La región que menos solicitudes atendió es Fajardo con nueve casos.

Un reinicio de labores judiciales con grandes retos

La reducción dramática en la actividad judicial durante los pasados siete meses emergió en una crisis pues, al principio, solo se tramitaba un número limitado de asuntos considerados esenciales o urgentes, mientras el resto -incluyendo los casos penales pendientes para juicio- entraron a un compás de espera. Cabe señalar que los casos de desahucios, ejecución de hipotecas, cobro de dinero (Regla 60) y Revisión de Boletos de Tránsito no se han atendido durante toda la pandemia.

Entre los procesos urgentes se consideran las órdenes de protección, vistas de causa para arresto, solicitudes de traslado de menores fuera de jurisdicción, órdenes de ingreso involuntario al amparo de la Ley de Salud Mental, las peticiones de recurso de habeas corpus, entre otros. Poco tiempo después del cierre impuesto por el gobierno, la Rama Judicial anunció que adoptarían un sistema de videoconferencias como alternativa para atender de forma remota los asuntos urgentes.

Fue a partir del 8 de junio que se comenzaron a reanudar lentamente las operaciones mediante un plan de reinicio que estableció el proceso por fases, siendo la primera una ampliación en el horario de servicio de los tribunales y llevando el 20% del personal a trabajar de forma presencial.