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27 julio, 2021

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Menores en instituciones juveniles no tienen “psicosis” sino una “mala adaptación” al confinamiento.

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, dijo tener reparos con las expresiones que hiciera la monitora federal del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ), Kimberly Tandy, quien advirtió al tribunal que los incidentes de salud mental en estos establecimientos habían aumentado en el último cuatrimestre, al tiempo que señaló una aparente falta de continuidad en los servicios y seguimiento de casos de esta índole.

En una moción sometida el viernes, la monitora expresó al juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo Gelpí, que el consultor de salud mental del NIJ alertó sobre una falta persistente de servicios psiquiátricos y psicológicos a los jóvenes que en alguna ocasión requirieron una hospitalización por razones de salud mental.

El informe de la monitora también alude a que, aunque las hospitalizaciones bajaron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el número de incidentes aumentó.

El escrito señala que hubo 36 incidentes de ideas, intención o gestos suicidas y automutilación; cuatro más que el último trimestre. Del total de situaciones, 10 fueron en la institución de Ponce y 26 en Villalba.

Se indicó que los 36 incidentes resultan la suma de situaciones ocurridas por parte de 16 jóvenes. Al menos, 13 requirieron hospitalización. Se señala que uno de los muchachos atravesó siete incidentes, otro tuvo cinco incidentes y uno tuvo cuatro incidentes; mientras que los demás tuvieron tres o menos, cada uno.

Ante lo acontecido, la secretaria de Corrección expresó a Primera Hora que la agencia tiene reparos con lo expresado por la monitora federal y así lo expresarán al tribunal esta semana.

“Luego de haber revisado los señalamientos con los abogados nuestro y el doctor (Pablo) Martínez , asesor en términos de salud mental, debo informar que tenemos unos reparos y se pudo haber inducido a error al tribunal en ciertas partes del documento”, dijo Escobar Pabón.

Mencionó, como ejemplo, que durante el último cuatrimestre solo se refleja una hospitalización. De hecho, resaltó que en enero no ocurrió ninguna.

De otra parte, asegura que la prestación de servicios sí fueron continuos durante los pasados meses.

Destacó que se contrataron los servicios del Hospital Capestrano para evaluar a los jóvenes que han presentado ideas suicidas o que reflejaron que tenían un diagnóstico de psicosis. Especificó que ese análisis clínico requirió 505 horas de trabajo que se realizaron entre diciembre y enero.

“Ese informe de Capestrano establece que no encontraron tal psicosis en los menores. Ellos entienden que es una situación de un poco de mal adaptación a lo que es el proceso de custodia en confinamiento y el encierro… esto junto a la situación de la pandemia ha resultado en una difícil adaptación para los menores”, sostuvo la secretaria.

Añadió que hay un plan de continuidad de servicios que incluye a seis psicólogos, dos psiquiatras, dos consejeros en adicción y especiales en conducta de menores.

“No queremos que se deje de atender ni un solo momento alguna situación. Ninguna”, expresó.

Actualmente, la población juvenil correccional es de 82 menores, incluyendo a dos niñas. La edad de los ingresados es de entre 14 a 21 años.

Precisamente, el lunes hay una vista especial de un panel de tres jueces federales que evaluarán la posibilidad de liberar a jóvenes ingresados en instituciones juveniles, ante una supuesta falta de servicios adecuados de salud mental en el NIJ.

Fue el pasado septiembre de 2020 que se levantó bandera sobre la situación mental en las cárceles juveniles, luego que trascendiera que habían ocurrido unos 32 incidentes de salud mental entre julio y septiembre. En aquel entonces 23 jóvenes fueron hospitalizados.

Ante las denuncias el juez Gelpí catalogó la situación como preocupante y advirtió que se podían estar violando derechos constitucionales de los transgresores. Entonces, propuso el panel de tres jueces para evaluar la situación y determinar si algunos de estos jóvenes pueden salir de las instituciones correccionales y recibir una atención adecuada de salud mental.