La politización de todas las esferas y agencias gubernamentales han lacerado la confianza y el propósito para las cuales fueron creadas. Nuestra clase política ha apostado a mantenernos “dormidos” y cada cuatro años salir a dar un discurso de las obras y proyectos que han realizado. No obstante, cada una de ellas trae consigo el pillaje y la corrupción que carcome nuestro sistema público.

En el 2016, Puerto Rico, mediante el ejercicio democrático del voto, optó por un gobierno PNP en el cual depositaría la confianza para “encaminar al país” y trabajar “mano a mano” con la recién nombrada Junta de Control Fiscal. Los planes de la naturaleza eran otros, recibimos el embate de uno de los huracanes más devastadores que hemos tenido. El impacto no duró más de un día, y los recuerdos y la recuperación aún están latentes en la vida de cada puertorriqueño.

Para sorpresa de algunos, mas no para otros, la respuesta del gobierno ante ese desastre natural fue peor que el mismo desastre. Sentimos como el gobierno dilataba las ayudas, los servicios esenciales colapsaban y nuestros sistemas no aguantaron tal emergencia. Muchos puertorriqueños murieron por causas directas o colaterales, mientras que el gobierno insistía que sólo habían sido 64 muertes. Un año después, un estudio realizado por profesionales en el área nos indicaban que la cantidad era mucho más, 4,465 para ser exacta. Fueron miles de vidas puertorriqueñas que perdimos, otros intentamos sobrevivir al desastre.

Experiencias similares son las que hemos vivido este año con los constantes temblores, específicamente en el área suroeste y, posteriormente, la emergencia de salud del COVID-19.

El gobierno ha demostrado una y otra vez no tener la capacidad y el compromiso para atender las situaciones que vive el país, tampoco para ser diligente en apaciguar la corrupción y politización de nuestros servicios gubernamentales.

Existen una y mil razones para ir a votar, pero sobre todo, debemos hacerlo con conciencia.